Reino Unido anuncia programa piloto de castración química para agresores sexuales

El gobierno británico dio un paso controvertido al anunciar un programa piloto que contempla el uso de la castración química en delincuentes sexuales. La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, presentó el 22 de mayo ante el Parlamento un paquete de reformas penitenciarias que incluye la medida, la cual se aplicará primero a 20 prisiones del país como parte de un experimento para frenar la reincidencia en este tipo de crímenes.

Según explicó la ministra, la administración de medicación para reducir la excitación sexual se combinará con intervenciones sicológicas diseñadas para abordar factores como la necesidad de poder o control. En determinados casos, la castración podría ser obligatoria, tal como sucede en algunos estados de Estados Unidos, aunque la posibilidad ya provocó críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La propuesta surge de un informe elaborado por el exministro conservador David Gauke, a quien el actual Ejecutivo encomendó revisar el estado del sistema carcelario. La saturación en las cárceles llevó al nuevo gobierno a autorizar la construcción de tres nuevos centros penitenciarios y a adelantar la liberación condicional de reclusos con condenas menores.

Durante su comparecencia, Mahmood también respaldó el modelo de "progresión ganada", que divide la condena de los presos en tres etapas con distintos niveles de supervisión. La primera, centrada en la custodia, tiene el objetivo incentivar la buena conducta; la segunda, tras la salida de prisión, permite diferentes grados de control; y la tercera contempla una vida en libertad bajo advertencia de reincorporación al sistema penitenciario en caso de reincidencia.

Sin embargo, la ministra rechazó una de las propuestas más polémicas del informe que permite que los delincuentes peligrosos, como los terroristas, soliciten libertad condicional a mitad de condena si cumplen con ciertos requisitos de rehabilitación. En su lugar, el gobierno invertirá 700 millones de libras anuales en reforzar el Servicio de Libertad Condicional y aumentar la supervisión comunitaria de los infractores.

El documento elaborado por Gauke también recomienda reducir el uso de penas de cárcel para delitos menores y optar por sanciones alternativas, como la imposición de multas, restricciones para viajar, conducir o asistir a eventos deportivos. Asimismo, se promueve el uso de penas diferidas en casos de agresores de bajo riesgo con condiciones especiales, como embarazadas o personas con adicciones.

Entre las recomendaciones adicionales está la expansión de los Tribunales Especializados en Violencia Doméstica y un aumento en las deportaciones de inmigrantes condenados. Con estas medidas, el gobierno pretende equilibrar la necesidad de castigo y control con una perspectiva más rehabilitadora y sostenible para un sistema penitenciario al límite de su capacidad.