El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que los colombianos señalados de participar en el atentado contra la Guardia Nacional de México en Michoacán son exintegrantes de las Fuerzas Militares, contratados por el cartel de Los Reyes como mercenarios.
"El cartel de Los Reyes contrató a mercenarios colombianos para enfrentar al Estado mexicano", escribió el mandatario en su cuenta de X.
El atentado, ocurrido el 28 de mayo en la frontera entre Jalisco y Michoacán, dejó varios uniformados mexicanos asesinados y provocó una operación de las autoridades que terminó con la captura de 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana.
Los 12 colombianos que participaron en el atentado al ejército mexicano en Michoacan, son exmilitares.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2025
El cartel de los reyes contrató a los mercenarios colombianos para enfrentar el estado mexicano.
En Colombia el mercenarismo debe ser prohibido con alta pena de prisión, no se… https://t.co/MS9mw1PuE8
A raíz del hecho, la Cancillería colombiana emitió un comunicado expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y confirmó que 11 de los 12 nombres presentados por la Fiscalía General de México corresponden a connacionales que habían tenido relación previa con las fuerzas militares.
"Nuestra misión consular en México adelantó las gestiones de verificación de las identidades", indicó la entidad.
Petro fue más allá en su pronunciamiento al exigir que en Colombia se prohíba el mercenarismo con penas severas.
"No se usa el dinero público de Colombia, e incluso el dinero del pueblo norteamericano, para entrenar gente que después vende sus conocimientos militares a los enemigos de la humanidad. Eso es una traición a la patria colombiana", subrayó el jefe de Estado.
La Cancillería colombiana también manifestó su preocupación por la cooptación de personal con formación militar en redes transnacionales delictivas que operan entre Colombia y México, y reiteró su llamado a fortalecer la cooperación judicial y científica entre ambos países para combatir fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el uso de mercenarios.
Los connacionales detenidos recibirán la atención consular correspondiente, garantizando el respeto a sus derechos legales y humanitarios, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
