La desaparición forzada es una de las violaciones de derechos humanos más crueles y complejas que puede sufrir una persona y su entorno familiar. No se trata simplemente de la ausencia de alguien, sino de un acto deliberado orquestado por agentes del Estado o por particulares que actúan con su consentimiento, dejando a las víctimas en un limbo jurídico y a sus seres queridos en una búsqueda incansable y desgarradora.
En México, este delito ha marcado capítulos oscuros de su historia, y su sombra aún se cierne sobre la sociedad.
Este fin de semana, el Senado de la República aprobó en lo general una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a la crisis de desapariciones en México, a través de modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y otros ordenamientos.
La propuesta, que ahora será discutida en la Cámara de Diputados, busca establecer un nuevo modelo de búsqueda más ágil, coordinado y respaldado por herramientas tecnológicas, con el propósito de mejorar la localización e identificación de personas desaparecidas.
Hemos recibido las minutas para crear la Comisión Nacional Antimonopolio y la Ley en materia de Telecomunicaciones.
— Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) June 29, 2025
En la Cámara de Diputados las revisaremos con mucha responsabilidad y las discutiremos la próxima semana.
Aquí pueden consultarlas????https://t.co/pT577ILyz6… pic.twitter.com/9JbwRJxXAh
¿Qué es una desaparición forzada?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos instrumentos internacionales definen la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas.
Actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, impidiendo así el amparo de la ley.
Es importante entender que no es solo la privación de la libertad, sino la posterior negativa a revelar el paradero de la víctima, lo que convierte a este acto en una desaparición forzada.
Esta ocultación prolongada genera una agonía perpetua para los familiares, quienes no saben si su ser querido está vivo o muerto, dónde se encuentra o bajo qué condiciones. Además, la desaparición forzada busca generar terror e intimidación en la sociedad, vulnerando el estado de derecho y la confianza en las instituciones.
La historia de México está tristemente “salpicada” por casos de desaparición forzada, evidenciando una práctica recurrente en diferentes periodos.
La Guerra Sucia (Décadas de 1960 a 1980): Este periodo es, quizás, el más emblemático en cuanto a desapariciones forzadas en el país. Durante la lucha contrainsurgente del Estado contra movimientos sociales, estudiantiles y guerrilleros, cientos, o probablemente miles, de personas fueron detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas.
Casos como los de Rosendo Radilla Pacheco, campesino y líder social desaparecido en 1974 en Guerrero por elementos del Ejército, o las numerosas desapariciones ocurridas tras la masacre de Tlatelolco en 1968, son ejemplos fehacientes de la brutalidad de esta época. Las denuncias de que los cuerpos eran arrojados al mar o enterrados en fosas clandestinas eran frecuentes.
-"¿De que se me acusa?"- preguntó Rosendo Radilla Pacheco, a los soldados que lo bajaban del autobús en un reten militar cerca de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
— Guadalupe Pérez Rodríguez (@Guadalupepr1983) August 25, 2022
Era el 25 de agosto de 1974, hace 48 años, durante el terrorismo de Estado del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. pic.twitter.com/A3wublvI74
La Guerra contra el Narcotráfico (A partir de 2006): Si bien la naturaleza de la desaparición forzada en este periodo ha evolucionado, el fenómeno se ha disparado. Con la militarización de la seguridad pública, se ha documentado un alarmante incremento de desapariciones donde existe la presunción de participación de autoridades, ya sea por acción directa o por omisión y colusión con grupos criminales.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, es un doloroso recordatorio de cómo la desaparición forzada puede entrelazarse con la criminalidad organizada y la posible complicidad de agentes estatales, convirtiéndose en un símbolo de la crisis humanitaria que vive el país.
Otros casos, como los de Veracruz o Tamaulipas, han revelado la existencia de fosas clandestinas con cientos de cuerpos, muchos de ellos presumiblemente víctimas de desaparición forzada.
Ante la magnitud de la crisis, México ha respondido, aunque tardíamente, con un marco legal específico para combatir este delito.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017): Esta ley representa un avance significativo al tipificar el delito de desaparición forzada a nivel federal y en las entidades federativas, estableciendo penas, procedimientos de búsqueda y mecanismos de coordinación.
Las penas varían dependiendo de la participación y las circunstancias, pero pueden ir de los 40 a los 60 años de prisión, y se incrementan si la víctima es menor de edad, mujer, periodista, defensora de derechos humanos o si el delito se comete con violencia extrema.
Además, la ley crea el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y establece la obligación de crear comisiones locales de búsqueda.
México ha ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que lo obliga a adecuar su legislación interna y a cooperar con la comunidad internacional en la prevención y sanción de este delito.
En el estado de Puebla, la tipificación y el castigo de la desaparición forzada se rigen por lo establecido en la Ley General. El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla ha sido armonizado con esta legislación para incorporar el delito de desaparición forzada de personas.
Las sanciones penales para quienes cometan este delito en Puebla son consistentes con las penas establecidas a nivel federal, buscando garantizar que no haya impunidad.
Asimismo, la entidad ha avanzado en la conformación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, cuyo objetivo es impulsar, coadyuvar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad.
La desaparición forzada no es solo un delito, es una herida abierta en el tejido social que requiere de la acción decidida del Estado, la cooperación de la sociedad y la memoria colectiva para que las sombras de la ausencia no se prolonguen indefinidamente.
