Pepe Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, declaró que el dictamen actual de la Ley de Telecomunicaciones no incorpora mecanismos nuevos de vigilancia ni acceso directo por parte del gobierno o de reguladores a datos de usuarios. Durante la conferencia matutina del 1 de julio, enfatizó que la redacción del artículo 183 permanece idéntica al texto aprobado en 2014.
Desde Palacio Nacional, el funcionario precisó: "El gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones". Explicó que el texto propuesto, avalado por el Senado y actualmente en revisión en la Cámara de Diputados, establece obligaciones para operadores, sin conceder facultades nuevas a autoridades administrativas ni a la Agencia Digital.
La intervención de Merino se centró en esclarecer el contenido del artículo 183 del dictamen, comparándolo directamente con el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. En ambos casos, indicó, se solicita a los concesionarios colaborar con instancias de seguridad y procuración de justicia únicamente bajo el marco legal vigente. Añadió que "la colaboración se hará mediante mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente".
Igualmente, el funcionario subrayó la vigencia del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin modificaciones desde 2016. Dicho artículo regula los procedimientos mediante los cuales el Ministerio Público puede solicitar información a operadores de telecomunicaciones, siempre mediante autorización judicial previa.
"Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados, podrá solicitar al juez de control que requiera a los concesionarios la información solicitada", señaló Merino durante su intervención. Este proceso, indicó, sigue vigente y no ha sido alterado por la reforma legislativa en curso.
Además, detalló que los datos obtenidos solo pueden utilizarse si constituyen un medio de prueba válido en una investigación penal. De lo contrario, deben ser destruidos conforme lo establece el propio Código Nacional.
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También, la intención de esta exposición fue contrarrestar versiones públicas recientes que advertían sobre presuntos riesgos de espionaje asociados a las nuevas disposiciones legales. Merino aseguró que dichas preocupaciones se basan en interpretaciones erróneas o incompletas del contenido legislativo.
Durante su participación, mostró las redacciones originales y propuestas del marco normativo, confirmando que no existen diferencias sustantivas entre ambas. En sus palabras, "es exactamente la misma redacción" y no introduce mecanismos adicionales de acceso a la información de usuarios.
Finalmente, reiteró que la Agencia Digital de Innovación Pública no tiene ni tendrá capacidad alguna de solicitar datos directamente a operadores de servicios de telecomunicaciones. Su función permanece enmarcada dentro de las competencias tecnológicas del gobierno capitalino, sin intervención en procesos de procuración de justicia o seguridad pública. (Notipress)
