Una sacerdotisa de la santería cubana llevó su lucha legal hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que el Código Penal de la Ciudad de México viola su derecho a la libertad religiosa. La mujer presentó una demanda de amparo indirecto en marzo de 2023, tras ver en redes sociales que se había tipificado como delito el maltrato y la crueldad animal, incluyendo sanciones más severas para quienes causen sufrimiento prolongado a los animales.
La santera, con 25 años de práctica en la religión ifá-orisha, sostiene que los sacrificios animales forman parte esencial de sus rituales, llevados a cabo con carácter de veneración y seguidos por el consumo de los animales por los participantes. En su demanda, argumentó que las reformas al Código Penal eran inconstitucionales, pues atentaban contra su derecho a la no discriminación y a la libertad de culto.
Inicialmente, la jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó la demanda, alegando que la ley no afectaba directamente a la sacerdotisa, ya que no había sido denunciada ni sancionada. Sin embargo, la mujer presentó una queja que fue admitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual reconoció que la vigencia de la norma podía tener un efecto disuasorio sobre su práctica religiosa.
A pesar de esta resolución, la jueza volvió a archivar el caso, insistiendo en que no existía interés jurídico ni legítimo. Por su parte, la santera respondió con un recurso de revisión, y el tribunal colegiado determinó que sí había un interés legítimo, ya que la ley afectaba directamente su libertad religiosa, incluso sin que existiera un proceso penal en su contra.
El tribunal explicó que la reforma al Código Penal enviaba el mensaje de que los rituales religiosos que implican sacrificios animales podrían ser considerados delitos, lo que limitaba el ejercicio de su culto. Por ello, remitió el caso a la SCJN para su resolución definitiva.
El 22 de enero de 2025, la Suprema Corte falló en contra de la sacerdotisa y determinó que las modificaciones al Código Penal no son inconstitucionales, ya que no prohíben ninguna religión, sino que buscan proteger a los animales. Además, la SCJN consideró que los conceptos de maltrato y crueldad están suficientemente claros en la ley.
La Corte también subrayó que la libertad religiosa no es absoluta y puede ser limitada cuando entra en conflicto con otros derechos, como el bienestar animal. Asimismo, enfatizó que el derecho a practicar una religión no incluye el derecho a causar sufrimiento a los animales fuera de los parámetros legales establecidos.
Con esta decisión, la SCJN dejó claro que cualquier sacrificio animal llevado a cabo fuera de lo permitido por la ley será considerado delito. La sacerdotisa, como cualquier ciudadano, deberá acatar las disposiciones legales vigentes, incluso si estas interfieren con sus prácticas religiosas.
