La reciente demanda presentada en Luisiana contra Roblox por presunta falta de controles de seguridad para menores se inscribe en un contexto nacional de creciente escrutinio hacia la plataforma y otras empresas de videojuegos en línea. Aunque este caso es el primero de este tipo en ese estado, autoridades y organizaciones en otras jurisdicciones ya han advertido sobre riesgos de acoso, grooming y exposición a contenido inapropiado en entornos digitales.
Roblox, lanzada en 2006 y con más de 82 millones de usuarios activos diarios, ha sido objeto de recomendaciones y alertas por parte de entidades como la Federal Trade Commission (FTC) y organizaciones de protección infantil. En los últimos años, se han registrado quejas sobre la presencia de adultos que se hacen pasar por menores y sobre la facilidad con la que niños pueden eludir las restricciones de edad.
En 2021, la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), con sede en Reino Unido, instó a Roblox a reforzar su moderación tras detectar entornos virtuales con contenido sexual y conductas depredadoras. Ese mismo año, la empresa anunció mejoras en sus filtros de chat y en el monitoreo de experiencias creadas por usuarios.
En 2023, fiscales de varios estados, incluyendo Nueva York y California, abrieron investigaciones preliminares sobre la exposición de menores a anuncios integrados y compras dentro del juego sin supervisión parental. Aunque no derivaron en demandas formales, estos procesos sentaron un precedente de atención regulatoria.
La demanda presentada por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, sostiene que Roblox "facilita la distribución de material de abuso sexual infantil y la explotación de menores" y que las medidas de seguridad implementadas en 2024 —como la prohibición de mensajes directos para menores de 13 años— son insuficientes y tardías.
Un portavoz de la compañía declaró que la seguridad es "la máxima prioridad" y que la plataforma cuenta con tecnología avanzada y moderación humana las 24 horas, así como restricciones al intercambio de información personal. Sin embargo, el caso podría sentar un nuevo precedente si la corte de Luisiana impone una medida cautelar permanente sobre las afirmaciones de seguridad de la empresa.
La evolución de este proceso será seguida de cerca por reguladores y legisladores en otros estados, donde crece el debate sobre responsabilidad corporativa y protección digital de menores en plataformas masivas de entretenimiento. (Notipress)
