El doloroso destino de un bebé tras ser abandonado

El doloroso destino de un bebé tras ser abandonado

Foto: Freepik

El hallazgo de un bebé abandonado en la vía pública, un acto desgarrador que conmueve a la sociedad, marca el inicio de un complejo y delicado proceso legal y humanitario en México.

 

Mientras la noticia centra la atención en la indefensa víctima, tras bambalinas se activa una red de instituciones que buscan salvaguardar los derechos del menor y, al mismo tiempo, llevar a los responsables ante la justicia.

 

El primer paso, una vez que el bebé es rescatado, es garantizar su seguridad y bienestar. Las autoridades que lo encuentran, ya sea la policía o personal de emergencia, lo trasladan de inmediato a un centro hospitalario.

 

Ahí se le brindan los cuidados médicos necesarios, se evalúa su estado de salud y se le documenta de forma preliminar. La prioridad es la vida del menor.

 

Simultáneamente, las autoridades ministeriales inician una carpeta de investigación por el delito de abandono de persona, tipificado en el Código Penal Federal y en los códigos penales de cada entidad federativa.

 

El Ministerio Público asume la custodia legal del menor y se pone en contacto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su equivalente estatal, la institución encargada de la protección y restitución de los derechos de la niñez.

 

El bebé, ahora bajo la tutela del Estado, es canalizado a un albergue o casa hogar del DIF, o en algunos casos, a una familia de acogida temporal. Durante este periodo, se llevan a cabo los esfuerzos necesarios para localizar a sus padres o familiares.

 

Si se logra identificarlos y detenerlos, la situación del menor y el proceso legal adquieren una nueva dimensión. Si no se les encuentra y tras un tiempo prudente, el menor puede ser declarado en estado de abandono y se inicia el proceso de adopción.

 

¿Cuáles son las consecuencias penales?

 

El abandono de un menor es un delito grave en México, pero la pena puede variar significativamente dependiendo de las circunstancias del caso. El Código Penal Federal establece en su artículo 335 que a quien abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo se le aplicarán de uno a cuatro años de prisión, siempre y cuando el abandono no resulte en daño alguno para el menor. Adicionalmente, si los responsables son los padres o tutores, perderán la patria potestad o la tutela.

 

 

 

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente si el abandono pone en peligro la vida del menor o si se demuestra que hubo intención de provocarle un daño. En estos casos, la clasificación del delito se agrava.

 

Los responsables pueden ser acusados de lesiones o incluso de homicidio en grado de tentativa, delitos que conllevan penas mucho más severas, que pueden ir de 10 a 15 años de prisión o más, dependiendo de las circunstancias y la legislación local.

 

Un ejemplo reciente de esta reclasificación es el caso de los padres que abandonaron a un bebé en Tultitlán, Estado de México, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, enfrentando así una pena mucho mayor que la de simple abandono.

 

 

 

El proceso que sigue a un hallazgo tan lamentable como el de un bebé abandonado es una compleja red de acciones legales y sociales. Por un lado, se busca la protección inmediata del menor y en la medida de lo posible, reintegrarlo a un entorno familiar sano.

 

Por otro, se persigue a los responsables para demostrar que el abandono de un hijo no es un simple acto de irresponsabilidad, sino un crimen con graves consecuencias penales.

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