Según el nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, consumir o distribuir películas y series extranjeras puede ser castigado con la pena de muerte en Corea del Norte. Basado en más de 300 entrevistas a personas que escaparon del país en la última década, el informe revela un incremento en las ejecuciones públicas y en el uso del miedo como herramienta estatal de control.
Desde 2015, el gobierno norcoreano aprobó al menos seis leyes que permiten aplicar la pena capital por delitos relacionados con el consumo o la distribución de contenido extranjero. Testimonios recogidos por Naciones Unidas detallan que las ejecuciones suelen llevarse a cabo en público mediante pelotones de fusilamiento, con el objetivo de generar un efecto disuasorio entre la población.
El informe afirma que "desde 2020, se han producido más ejecuciones por distribuir contenido extranjero". Kang Gyuri, quien escapó en 2023, relató a la BBC que tres de sus amigos fueron ejecutados tras ser descubiertos con material surcoreano. "Lo juzgaron junto con narcotraficantes y ahora estos delitos reciben el mismo trato", señaló, en referencia al caso de un joven de 23 años condenado a muerte.
La vigilancia se intensificó con el apoyo de nuevas tecnologías. El informe indica que el Estado reforzó el control sobre "todos los aspectos de la vida de los ciudadanos" y que "ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual".
Tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos y Occidente en 2019, el país profundizó su aislamiento. Según el informe, las condiciones de vida y los derechos humanos se degradaron desde entonces. Una joven que escapó en 2018 expresó: "El gobierno fue impidiendo poco a poco que la gente pudiera ganarse la vida de forma independiente, y el mero hecho de vivir se convirtió en un tormento cotidiano".
Durante la pandemia de COVID-19, varios entrevistados reportaron una grave escasez de alimentos y muertes por hambre en distintas regiones. En paralelo, las autoridades endurecieron el control sobre los mercados informales y ordenaron disparar contra quienes intentaran cruzar la frontera hacia China.
El informe también documenta el uso sistemático de trabajo forzoso. Ciudadanos de bajos recursos, huérfanos y menores son reclutados en "brigadas de choque" para realizar trabajos físicos de alto riesgo. Los fallecimientos en estas labores son frecuentes y, según el documento, el gobierno los presenta como sacrificios en honor a Kim Jong-un.
Sobre el sistema penitenciario, se concluye que al menos cuatro campos de prisioneros políticos siguen operativos. Testigos reportaron torturas, desnutrición y muertes por exceso de trabajo, aunque el informe señala "algunas mejoras limitadas", entre ellas "una ligera disminución de la violencia por parte de los guardias".
La ONU reiteró su llamado a que la situación sea remitida al Tribunal Penal Internacional, algo que requiere una resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, desde 2019, los intentos en ese sentido fueron bloqueados por China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo. (NotiPress)
