Las pruebas de control de confianza en México tienen su origen en la necesidad de profesionalizar y fortalecer las instituciones de seguridad. El Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el 28 de noviembre de 2008.
Este modelo se estableció como el eje rector para homologar la aplicación de las evaluaciones y la capacitación del personal en todos los centros de evaluación y control de confianza del país. A partir de esa fecha, los estados comenzaron a crear sus propios centros para aplicar estas pruebas.
En el caso de Puebla, el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado fue creado por un decreto publicado el 15 de abril de 2011.
Las pruebas de control de confianza se aplican a los aspirantes a ingresar y al personal que ya labora en instituciones de seguridad y procuración de justicia. El objetivo es verificar que cumplen con los perfiles requeridos para el desempeño de sus funciones.
Pero ¿qué son los exámenes de control de confianza?
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Son evaluaciones rigurosas y exhaustivas a las que se someten los aspirantes y miembros activos de los cuerpos de seguridad pública (policías, agentes de tránsito, personal penitenciario, etc.). Su objetivo principal es garantizar que las personas que protegen y sirven a la sociedad sean individuos íntegros, confiables y aptos para desempeñar un trabajo tan delicado.
Estos exámenes buscan detectar y prevenir la entrada de personas con antecedentes criminales, vínculos con el crimen organizado, adicciones, problemas psicológicos que afecten su desempeño, o cualquier otro factor que ponga en riesgo la seguridad de la población y la institución.
Las evaluaciones abordan diferentes aspectos de la vida de un individuo. Los principales componentes son:
La evaluación psicológica. Un psicólogo especializado analiza la salud mental y la estabilidad emocional del candidato. Se evalúa la capacidad para manejar situaciones de estrés, frustración, presión y la toma de decisiones bajo condiciones extremas.
También se busca descartar trastornos de personalidad, agresividad descontrolada o problemas emocionales que puedan interferir con sus funciones.
La evaluación poligráfica (detector de mentiras). Mediante el uso de un polígrafo, se miden las reacciones fisiológicas del candidato (ritmo cardíaco, respiración, sudoración) mientras se le hacen preguntas específicas.
Se busca verificar la veracidad de la información proporcionada en otras pruebas, como si ha consumido drogas, si ha cometido delitos, si tiene vínculos con el crimen organizado o si tiene intenciones de usar su puesto para actos ilícitos.
La evaluación socioeconómica y patrimonial. Un equipo de especialistas investiga el entorno social y familiar del candidato, así como su situación financiera. Se revisan sus ingresos, propiedades y deudas para detectar incongruencias que puedan sugerir enriquecimiento ilícito.
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También se verifica que no tengan un estilo de vida que no corresponda con su salario, o que tengan relaciones con personas o grupos delictivos.
La evaluación médica. Un médico practica un examen completo para verificar el estado de salud física del candidato. Se busca descartar enfermedades que le impidan desempeñar sus funciones, y se hacen pruebas de laboratorio para detectar el uso de drogas ilegales.
¿Cómo deciden si una persona es apta o no?
La decisión no se basa en una sola prueba, sino en una evaluación integral de todos los resultados. Se crea un perfil completo del candidato y se analiza la información de manera conjunta. Si se encuentran inconsistencias significativas o si los resultados de alguna de las pruebas son negativos, el candidato es considerado "no apto".
Es importante destacar que los resultados de cada prueba son confidenciales y se manejan con estricto apego a los derechos humanos y a la protección de datos personales.
Si un aspirante no aprueba, se le niega el ingreso al cuerpo de seguridad. Si un miembro activo de la policía no aprueba, puede ser destituido de su cargo. Esto es un requisito legal y una medida de seguridad para garantizar la integridad y la confiabilidad de los cuerpos policiacos.
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En algunos casos, las instituciones ofrecen un proceso de segunda oportunidad o un análisis de los resultados, pero la decisión final es inmutable. El objetivo final es proteger a la sociedad y a las propias instituciones, asegurando que solo las personas más confiables y preparadas porten el uniforme y las armas.
Pero la pregunta más importante es ¿realmente funcionan?
Si bien las pruebas han logrado su objetivo en algunos casos, su efectividad ha sido cuestionada por varias razones. Las críticas más comunes son que algunos estudios y organizaciones han señalado que ciertas preguntas o métodos de las evaluaciones, especialmente las del polígrafo, podrían ser invasivos y violar la privacidad y los derechos de los policías, es decir, que van en contra de los derechos humanos.
También se han documentado casos en los que policías con un historial de buenos resultados operativos no han aprobado el examen. Esto ha generado dudas sobre la validez de las pruebas para evaluar el desempeño real de los elementos.
Además hay policías que no aprueban el examen y son dados de baja, incluso cuando no hay evidencia de que estén involucrados en actos de corrupción. Esto ha provocado que muchos de ellos demanden a las instituciones, lo que resulta en procesos legales largos y costosos.
Especialistas consideran que para que el modelo funcione plenamente, debe ir acompañado de otras medidas, como una mejor capacitación, salarios más dignos y un sistema de justicia transparente que también evalúe a los mandos.
