En el complejo sistema de justicia penal, la legalidad de una detención es un factor importantísimo, que de ser vulnerado puede invalidar un proceso judicial entero, incluso si existen pruebas contundentes de la comisión de un delito.
No basta con la certeza de que se cometió un ilícito; la forma en que se priva de la libertad a una persona que presuntamente lo cometió, es importante y está estrictamente regulada por la Constitución y las leyes.
En México, una detención es considerada ilegal si no se ajusta a los principios de flagrancia o de orden de aprehensión. Las únicas dos excepciones contempladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, son:
Flagrancia: Que es cuando la persona es detenida en el momento mismo de estar cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, siempre y cuando sea perseguida materialmente o por indicios que la señalen como partícipe.
La inmediatez es clave: si hay un lapso significativo entre la comisión del delito y la detención sin orden judicial, podría considerarse ilegal.
La orden de aprehensión: Que es cuando un Juez de Control, a petición del Ministerio Público, ha emitido una orden judicial para detener a una persona, basándose en pruebas que establecen la existencia de un delito y la probable participación del indiciado. Esta orden debe estar fundamentada y motivada.
Cualquier detención que no se ajuste a estas dos hipótesis, como las detenciones arbitrarias, por "sospecha", o sin cumplir los protocolos de persecución en flagrancia será ilegal.
En este sentido, la figura del Juez de Control es fundamental en dicha etapa. Su labor principal no es evaluar la culpabilidad o inocencia del detenido, sino verificar que la detención sea conforme a la ley.
En la Audiencia Inicial, el juez, antes de cualquier otra consideración, debe calificar la detención.
Los elementos que un Juez de Control evalúa para calificar una detención de ilegal, incluso si existen pruebas de la comisión de delitos, son:
Circunstancias de la flagrancia: El juez deberá analizar si realmente existió una situación de flagrancia. ¿Fue la persona detenida mientras cometía el delito? ¿Hubo una persecución ininterrumpida? ¿Existen testigos o videos que confirmen la inmediatez?
Si la flagrancia es dudosa o se argumenta de forma genérica ("lo encontramos sospechoso"), la detención será ilegal.
Motivo de la detención: Se verifica que el motivo de la detención esté directamente relacionado con la flagrancia delictiva o con una orden de aprehensión. No se puede detener a alguien por una falta administrativa y al momento de la revisión "encontrar" un delito para justificar una detención por flagrancia.
Cadena de custodia en la detención: Los agentes aprehensores deben relatar de forma clara y coherente las circunstancias de la detención, el lugar, la hora, quiénes intervinieron y cómo se aseguró a la persona. Las inconsistencias o la falta de un registro detallado pueden generar dudas sobre la legalidad.
Información de derechos: El detenido tiene derecho a ser informado de las razones de su detención y de sus derechos (guardar silencio, tener un abogado, avisar a un familiar). La omisión de esta garantía es una violación al debido proceso.
Inmediatez en la puesta a disposición: La persona detenida debe ser puesta a disposición del Ministerio Público sin demora injustificada y, a su vez, el Ministerio Público debe llevarlo ante el Juez de Control en un plazo máximo de 48 horas. Retrasos injustificados pueden invalidar la detención.
¿Por qué un Juez declara ilegal una detención, aun con pruebas de delito?
La respuesta reside en el principio de que "el fin no justifica los medios" y en la salvaguarda del debido proceso. Una detención ilegal contamina todo el procedimiento posterior. Si se permite que una detención arbitraria sirva como base para un proceso, se abriría la puerta a abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos y un sistema donde la policía podría detener a cualquier persona sin justificación.
Cuando un Juez califica una detención como ilegal, la consecuencia inmediata es la liberación del detenido, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda seguir investigando el caso y si reúne elementos suficientes, solicitar posteriormente una orden de aprehensión.
La ilegalidad de la detención no implica impunidad, simplemente resalta la necesidad de corregir el procedimiento para asegurar que cualquier privación de libertad se ajuste a la ley.
