Estados Unidos se enfrenta nuevamente a la parálisis de su administración federal, conocida como "shutdown", debido a la falta de acuerdo legislativo para aprobar los fondos presupuestarios.
Este fenómeno recurrente, y en particular la versión que se encamina a ser el segundo más extenso de la historia (sólo detrás del de 35 días entre 2018-2019), tiene consecuencias inmediatas y profundas: cientos de miles de trabajadores que dependen del gobierno han sido suspendidos de empleo o están obligados a trabajar sin recibir su paga.
La falta de fondos impacta directamente a cerca de 800,000 empleados federales en diversas agencias (excluyendo a los considerados esenciales, a los que se les ordena seguir trabajando sin sueldo), afectando gravemente sus finanzas personales y el consumo en sus comunidades.
Familias enteras se ven obligadas a hacer "malabares" para cubrir hipotecas, autos y gastos básicos, contrayendo la economía local. Servicios vitales como museos, parques nacionales y algunos programas sociales (como SNAP o WIC, cupones y asistencia alimentaria para millones de familias) ven su sostenibilidad en riesgo si la parálisis se prolonga.
Aunque el sistema político y presupuestario mexicano difiere del estadounidense, la pregunta sobre qué pasaría si México viviera un "cierre de gobierno" (con la extensión del más largo en EU) es un ejercicio importante para dimensionar la dependencia de la administración pública.
En México, la falta de presupuesto anual no deriva en un cierre de gobierno como tal, pero una crisis política extrema que impidiera la operación de dependencias clave, especialmente por falta de pago al personal, tendría efectos catastróficos.
Si las fuerzas armadas pararan, se paralizarían las tareas de seguridad pública y la gestión de proyectos e infraestructura civil que actualmente tienen a cargo (como aduanas, aeropuertos y tramos ferroviarios).
Esto generaría un vacío de seguridad inmediata y un freno en la operación de puertos y fronteras, clave para el comercio y la economía.
La suspensión de actividades en áreas no esenciales o la falta de pagos paralizaría la atención médica, cirugías programadas y abastecimiento de medicamentos (de hecho, eso ya sucede), afectando a vastos sectores de la población que depende de estos sistemas como el ISSSTE, ISSSTE o IMSS.
El paro de actividades docentes y administrativas detendría la educación de millones de niños y jóvenes, con un impacto social y a largo plazo incalculable.
Una parálisis extensa afectaría la burocracia esencial del país, deteniendo trámites críticos como:
La suspensión de la emisión de pasaportes, visas (en embajadas), actas de nacimiento y matrimonio (Registro Civil).
Cierre de ventanillas y suspensión de la recaudación de impuestos, la devolución de saldos a favor y los trámites de comercio exterior, paralizando la actividad empresarial y las aduanas.
Suspensión de la emisión de licencias de conducir (aunque es estatal, depende de regulaciones federales), detención de procesos judiciales no urgentes y trámites migratorios.
La suspensión de la dispersión de fondos federales detendría los pagos de pensiones, becas y otros apoyos sociales, golpeando directamente a la población más vulnerable.
En un escenario hipotético extremo, un cierre de gobierno mexicano por la extensión del más largo de Estados Unidos (más de un mes) provocaría una crisis de seguridad, salud y económica que superaría con creces los efectos observados en el país vecino debido a la mayor dependencia de la población mexicana de los servicios públicos y la centralización de sus instituciones.
