Cada 6 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una fecha impulsada por la ONU para visibilizar un problema que afecta a uno de cada tres adolescentes en el planeta, según datos de la UNESCO.
En México, donde el acoso escolar o bullying, se manifiesta en formas físicas, psicológicas o cibernéticas, las instituciones educativas están obligadas a responder con protocolos claros y estandarizados, pero ¿cuáles son esos protocolos?
Detección y notificación inmediata: Cualquier miembro de la comunidad escolar que identifique signos de acoso debe reportarlo de inmediato.
Intervención inicial y protección de la víctima: La directora o el equipo multidisciplinario debe separar a las partes involucradas para garantizar la seguridad. Se notifica a los padres de la víctima y del agresor simultáneamente, y se ofrece apoyo psicológico inmediato.
Investigación y canalización: Se forma un comité interno para indagar los hechos, con entrevistas confidenciales y sin confrontaciones directas que puedan agravar el trauma. Si el caso involucra violencia grave o cibernética, se deriva a instancias externas.
Medidas de no repetición y seguimiento: Una vez resuelto, se implementan acciones preventivas, como talleres de convivencia o campañas anti-bullying. El seguimiento dura al menos un semestre, con evaluaciones periódicas.
Aunque la SEP ha establecido protocolos claros para prevenir, detectar y atender casos de acoso escolar, en la práctica no siempre está claro si estos mecanismos se aplican de forma efectiva dentro de las aulas.
Con la intención de conocer cómo se lleva a cabo este proceso, Imagen Poblana acudió a platicar con un docente de nivel básico, quien explicó cómo actúan los maestros cuando detectan un caso de bullying entre sus alumnos.
“La verdad es que, si lo detectamos, sí intervenimos y nuestros superiores, en este caso el director, deben llevar a cabo el siguiente paso”, señaló el profesor, quien pidió mantener el anonimato.
El docente explicó que el protocolo establece una cadena de acción. Primero, el maestro identifica la situación y busca detener la agresión; después, informa a la dirección escolar, la cual debe notificar a las autoridades correspondientes y, de ser necesario, canalizar a los involucrados con el área psicológica o con instancias externas.
Sin embargo, reconoció que no siempre hay un seguimiento puntual de los casos. “A veces se hace el reporte, pero ya no sabemos en qué termina. Nos dicen que se canalizó, pero no hay una retroalimentación clara sobre si hubo sanción o si el alumno recibió apoyo”, comentó.
Además, mencionó que en algunos casos los padres de familia deciden cambiar a sus hijos de escuela antes de que el conflicto escale, y eso le ayuda al plantel para no dañar el "prestigio".
“Ha pasado que los papás prefieren sacar al niño, ya sea al agresor o a la víctima, para evitar problemas más graves y, según, para no afectar la imagen de la escuela”.
Finalmente, lamentó que muchos casos se resuelvan sin una atención integral, tanto para el agresor como para la víctima. "Es importante conocer de fondo por qué actúan ambas partes de esa forma; sólo así podríamos prevenir que se repita”, concluyó.
En 2023, la SEP reportó más de 4,000 escuelas con protocolos actualizados, pero organizaciones como la CNDH advierten que el subregistro es alto debido al estigma o la falta de capacitación. De acuerdo con un informe de la UNESCO, en México, 70 % de los casos no se denuncia por miedo a represalias.
