Libertad condicional bajo la lupa: el contraste entre México y Estados Unidos

La reciente sentencia del cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz en Estados Unidos, quien fue condenado a tres años de libertad condicional a pesar de haberse declarado culpable de conspiración para hacer transacciones con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha puesto la figura de la libertad condicional bajo los reflectores.

Este caso, donde la cooperación del artista con el FBI fue un factor clave para evitar la prisión, plantea una pregunta fundamental: ¿Qué es realmente la libertad condicional y cómo se aplica en la práctica, especialmente en comparación con el sistema de justicia mexicano, donde la percepción general vincula los beneficios penitenciarios con el poder adquisitivo?

La libertad condicional es un beneficio legal que permite a una persona sentenciada, que ya está cumpliendo una pena de prisión, terminar el resto de su condena fuera de la cárcel, bajo un estricto régimen de supervisión.

Su principal objetivo es fomentar la reinserción social del sentenciado. En esencia, no es un perdón, sino una suspensión de la ejecución del resto de la pena, condicionada al cumplimiento de una serie de reglas de conducta impuestas por la autoridad judicial (como no cometer nuevos delitos, residir en un domicilio fijo, presentarse periódicamente ante una autoridad supervisora y buscar un empleo).

Si se incumplen las condiciones, el beneficio puede ser revocado y la persona debe volver a prisión.

En el sistema de Estados Unidos, la sentencia de Gerardo Ortiz a 36 meses de libertad supervisada (similar a la libertad condicional) resalta un principio jurídico importante: la cooperación con el gobierno.

Ortiz se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin y testificó contra su exmánager, Ángel del Villar, en un caso vinculado al narcotráfico. La jueza determinó que esta "cooperación sustancial" con el FBI, que puso en riesgo la integridad del cantante, fue un factor determinante para conmutar la pena de prisión por la libertad condicional y una multa millonaria.

Este ejemplo resalta que, si bien el delito base estaba relacionado con la delincuencia organizada, el sistema judicial estadounidense priorizó el valor de la información aportada para desmantelar estructuras criminales por encima de la reclusión inmediata.

La realidad en México

En nuestro país, la figura de la libertad condicional se regula principalmente en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).

Contrario a la creencia popular que asocia estos beneficios exclusivamente al pago de una fianza millonaria—lo que se confunde con la Libertad Provisional Bajo Caución (una figura que existía antes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio para delitos no graves, y que sí estaba ligada a una garantía económica)—, el acceso a la libertad condicional en México depende de una serie de requisitos centrados en la conducta y la reinserción social.

El cumplimiento de la pena, es decir, haber extinguido al menos dos terceras partes de la condena; haber observado buena conducta durante su reclusión; demostrar que se ha cumplido con el plan de actividades de reinserción dentro del penal (educación, trabajo, deporte).

También haber reparado el daño a la víctima o garantizar su reparación; no representar un riesgo objetivo para la víctima, ofendido o la sociedad. Y es importante señalar no pueden acceder a este beneficio quienes hayan sido sentenciados por ciertos delitos graves establecidos en la Constitución y las leyes.

Especialmente aquellos considerados de alto impacto (secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, etc., aunque esto puede variar según la legislación estatal y la pena impuesta).

¿Es solo para quien puede pagar?

Si bien el sistema mexicano no exige una "fianza" para la libertad condicional, sí requiere que el sentenciado, en muchos casos, cubra o garantice la reparación del daño. Es aquí donde el factor económico puede influir, ya que la capacidad de pagar la reparación del daño o de contratar un abogado que gestione eficazmente el trámite legal (ante un Juez de Ejecución) puede ser una barrera para las personas de escasos recursos.

Sin embargo, el beneficio está concebido como un derecho fundamental para todo sentenciado que cumpla los requisitos de reinserción, independientemente de la fortuna que posea, e incluso se contempla que la autoridad penitenciaria asuma el costo de dispositivos de monitoreo electrónico (como los brazaletes) si el sentenciado no puede pagarlos.

El reto del sistema de justicia radica en garantizar que el acceso al beneficio sea equitativo y no se limite a quienes tienen los medios para sortear los obstáculos burocráticos y económicos indirectos.

La disparidad en la percepción pública y en los resultados, como el caso de Gerardo Ortiz, subraya la necesidad de transparencia y de fortalecer los mecanismos de reinserción en México, asegurando que la justicia premie la conducta y el compromiso con la sociedad, y no solo el poder de la cartera.