Desvinculación del salario mínimo permitió su recuperación, destaca CTM

Durante la conferencia magistral “Mitos y realidades del empleo y los salarios en México”, José Luis Carazo Preciado, representante obrero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), expuso los principales retos estructurales del mercado laboral mexicano, así como los avances y pendientes en materia salarial, empleo formal y bienestar de los trabajadores.

Acompañado del líder de la CTM en Puebla, Leobardo Soto Martínez, el cetemista destacó que la desvinculación del salario mínimo de diversos ordenamientos legales, vigente a partir del 1 de enero de 2017, marcó un punto de inflexión para su recuperación. Explicó que anteriormente el salario mínimo funcionaba como referencia para multas, créditos y trámites, lo que generaba el llamado “efecto faro”, impidiendo incrementos reales por su impacto inflacionario.

Recordó que en 2016 el salario mínimo general era de 73.04 pesos diarios, y que tras la desvinculación fue posible aplicar incrementos por encima de la inflación, contribuyendo gradualmente a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Carazo Preciado señaló que, antes de la reforma, en muchas empresas las categorías salariales más bajas percibían ingresos muy superiores al salario mínimo. En 2016, por ejemplo, la categoría uno rondaba los 134 pesos diarios, casi el doble del mínimo. Sin embargo, actualmente la diferencia entre las categorías uno a cuatro se ha reducido a alrededor de 7%, lo que ha generado tensiones y problemas internos en los centros de trabajo.

Explicó que los incrementos en categorías superiores suelen estar limitados a los ajustes de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en los últimos años ha registrado aumentos de apenas 3 a 4%. En 2026, detalló, la UMA creció 3.69%, al pasar de 113.14 a 117.31 pesos diarios, lo que reduce el impacto real de los aumentos salariales para amplios sectores de trabajadores.

Por otro lado, el representante de la CTM subrayó que México se mantiene en posiciones desfavorables a nivel internacional en materia de jornada laboral y descanso. Indicó que el país está entre los que más horas trabajan en promedio, con alrededor de 45 horas semanales, y ocupa el segundo lugar en la OCDE con aproximadamente 2,193 horas trabajadas al año.

Asimismo, señaló que, aun con la reforma de “Vacaciones Dignas” de 2023, que elevó el periodo mínimo a 12 días, México se mantiene en los últimos lugares en comparativos internacionales, cuando la Organización Internacional del Trabajo recomienda al menos 18 días de descanso anual, advirtiendo que el modelo actual no es sostenible para la salud de los trabajadores.

En este sentido, Carazo Preciado alertó sobre el impacto del modelo laboral en la salud mental, al señalar que 75 % de los trabajadores reporta estrés laboral, mientras que entre 21 y 35 % presenta problemas de ansiedad, de acuerdo con datos del IMSS y estudios recientes, afirmando que esta situación ya no es exclusiva de la Ciudad de México, sino que se ha extendido a nivel nacional.

Agregó que las largas jornadas y los tiempos de traslado, agravan el problema, mientras que los pagos de horas extra resultan poco atractivos debido a la carga fiscal que enfrentan.

En materia de empleo formal, el ponente indicó que el IMSS registra alrededor de 22.5 millones de trabajadores cotizantes. De aproximadamente un millón de empresas en el país, la mayoría son micro y pequeñas: 284,000 cuentan con un solo trabajador, 382,000 emplean de dos a cinco personas, 310,000 tienen de seis a 50 trabajadores.

En conjunto, estas empresas generan apenas 28 % del empleo formal, mientras que las cerca de 62,000 empresas con más de 51 trabajadores concentran 72 % del empleo, lo que las convierte en el principal motor del trabajo formal en México.

Acerca del trabajo informal, Carazo Preciado lo calificó como uno de los mayores desafíos del país, señalando que México se ubica entre los primeros lugares de la región, con una tasa cercana a 55 % de la población ocupada, según datos recientes del INEGI. Mencionó que, si bien la informalidad garantiza ingresos inmediatos, advirtió que deja a millones de personas sin seguridad social ni pensiones, lo que representa un riesgo creciente ante el envejecimiento de la población.

Finalmente, el representante obrero planteó la necesidad de no cargar la competitividad y la productividad únicamente en los trabajadores. Propuso fortalecer la capacitación, la investigación, la eficiencia gubernamental, así como revisar los esquemas salariales, donde, dijo, el 20 % de la nómina ejecutiva supera la de los trabajadores operativos, afectando la competitividad y el acceso a salarios dignos.

También llamó a fortalecer la banca de desarrollo, cuyos altos costos financieros actualmente frenan a emprendedores y pequeñas empresas, así como a mejorar la infraestructura y las comunicaciones para impulsar el desarrollo nacional.

La ponencia concluyó que enfrentar los retos laborales de México requiere una acción coordinada entre gobierno, empresas y sindicatos, con el objetivo de construir un mercado laboral formal, digno y sostenible.