La maternidad subrogada en el estado de Puebla opera actualmente en un vacío legal, similar a la mayoría de las entidades federativas de México, excepto en casos específicos como Tabasco y Sinaloa, donde está regulada de manera expresa.
En Puebla, no hay una legislación específica que regule, permita o prohíba de manera explícita la maternidad subrogada, el estado se encuentra entre aquellos que carecen de una ley clara para esta práctica. Esto genera incertidumbre jurídica para todas las partes involucradas, ya sea padres intencionales, madres gestantes y los menores nacidos por este método.
No hay una prohibición expresa en el Código Civil o en otras normas locales, pero tampoco hay un marco que valide contratos, establezca derechos de filiación automática o proteja contra posibles abusos.
Los procedimientos se llevan a cabo en la práctica mediante contratos privados entre las partes, con apoyo de clínicas de fertilidad y, en algunos casos, mediante amparos judiciales o resoluciones de jueces familiares para registrar al menor con los padres intencionales.
Incluso, la SCJN ha reconocido en fallos el derecho a formar familia y la voluntad procreacional como protegidos constitucionalmente, lo que permite que en estados sin regulación específica se lleven a cabo estos procesos bajo contratos privados y con intervención judicial para la filiación. Sin embargo, esto no equivale a una regulación estatal plena y deja vulnerabilidades, como riesgos de explotación, falta de certeza en la patria potestad o complicaciones en el registro civil.
Y aunque no se permite de forma comercial abierta ni altruista con garantías estatales, cualquier compensación económica a la gestante se maneja en acuerdos privados, lo que puede interpretarse como zona gris.
En la práctica, parejas, incluidas homoparentales, o personas con problemas de infertilidad recurren a clínicas especializadas en Puebla o en otros estados, pero el proceso conlleva riesgos legales mayores que en entidades con regulación explícita.
En Puebla, hay una iniciativa presentada en 2025 para regular la gestación subrogada, presentada por la diputada de Morena Nayeli Salvatori Bojalil que propone reformar el Código Civil del estado y adicionar disposiciones en materia de gestación asistida y subrogada.
La iniciativa busca prohibir que los padres contratantes sean extranjeros y que el menor salga del país; definir dos modalidades: la subrogada, en donde la gestante aporta óvulos propios y entrega al menor vía adopción plena, y la sustituta, en el cual la gestante solo porta el embrión de los contratantes.
Asimismo, establece que se permitan contratos, cubrir gastos médicos y proteger derechos, priorizando el interés superior del menor, e incluir vigilancia médica y aspectos en la Ley Estatal de Salud.
Hasta la fecha, esta iniciativa no ha sido aprobada ni se reportan avances significativos en su discusión o dictaminación, pero el tema ha generado controversia, críticas feministas y de organizaciones argumentan que regularla podría legitimar explotación de mujeres vulnerables y convertirla en un negocio, mientras proponentes la defienden como derecho reproductivo con salvaguardas.
En concreto, en Puebla la maternidad subrogada no está prohibida, pero tampoco regulada, por lo que opera en un limbo jurídico.