Grupos de choque, la estrategia que busca desvirtuar las protestas sociales

Grupos de choque, la estrategia que busca desvirtuar las protestas sociales

Foto: Enfoque

Tras los disturbios registrados en las inmediaciones de Casa Aguayo, donde un grupo de manifestantes rompió el cerco de seguridad y agredió al subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, durante una protesta contra el proyecto del Cablebús, volvió a surgir el debate sobre la presencia de los llamados “grupos de choque” en movilizaciones sociales.

 

¿Qué son los grupos de choque?

 

Los grupos de choque son colectivos organizados que se infiltran en protestas o movilizaciones con el objetivo de provocar violencia, desorden o vandalismo, lo que termina desvirtuando las demandas originales de los manifestantes. En el ámbito universitario mexicano, estos grupos también son conocidos como “porros”.

 

Históricamente han sido utilizados para intimidar, agredir o desarticular movimientos estudiantiles o sociales, su origen se remonta a las décadas de 1930 y 1940 en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fueron utilizados para controlar la disidencia estudiantil mediante agresiones físicas, amenazas y actos de presión.

 

Especialistas señalan que, a diferencia de los movimientos sociales organizados, los grupos de choque no necesariamente responden a una ideología, sino que suelen actuar bajo intereses políticos, económicos o institucionales. En muchos casos operan como mercenarios o infiltrados, contratados o impulsados por distintos actores para generar confrontación.

 

¿Cuál es su finalidad?

 

La presencia de estos grupos dentro de protestas tiene varios objetivos, cómo deslegitimar movimientos sociales al asociarlos con actos violentos, provocar confrontaciones con la policía o autoridades, justificar intervenciones represivas o la disolución de protestas, desviar la atención mediática de las demandas originales hacia los hechos violentos.

 

Por ello, cuando aparecen actos de vandalismo o agresiones en movilizaciones que originalmente eran pacíficas, con frecuencia surge la sospecha de infiltración de estos grupos.

 

En el caso de la protesta contra el Cablebús en Puebla, algunos participantes señalaron que un grupo reducido de personas encapuchadas rompió las vallas de seguridad y protagonizó los actos más violentos, lo que derivó en la agresión al subsecretario Rodolfo Huerta Espinosa.

 

Este tipo de dinámica, es una de las características que comúnmente se atribuyen a la actuación de grupos de choque.

 

Las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) también han registrado episodios similares en distintas ciudades del país. Colectivos feministas han denunciado la infiltración de personas o grupos que provocan destrozos o enfrentamientos con la policía, lo que genera tensión dentro de las propias marchas y cambia el enfoque mediático de las demandas por violencia de género y derechos de las mujeres.

 

En algunos casos, estas personas se presentan como “bloques negros” o grupos radicales, aunque activistas han señalado que no siempre forman parte de los colectivos organizadores.

 

Pero los grupos de choque no son exclusivos de un solo tipo de protesta, su presencia se ha documentado en diversos contextos:

 

Movimientos estudiantiles, especialmente en universidades públicas como la UNAM o el IPN., protestas sociales contra reformas políticas o económicas, manifestaciones ambientales y territoriales, marchas contra la violencia o la inseguridad, movilizaciones sindicales o laborales.

 

Incluso a nivel internacional, estrategias similares han sido señaladas en protestas políticas en países de América Latina y otras regiones, donde grupos organizados generan disturbios para debilitar movimientos ciudadanos.

 

Para analistas y organizaciones civiles, la existencia de grupos de choque representa un riesgo para la protesta social, ya que erosiona la credibilidad de las movilizaciones y puede detonar escenarios de violencia.

 

Ante ello, colectivos y especialistas han insistido en la necesidad de investigar quién financia o respalda a estos grupos, así como fortalecer mecanismos que garanticen el derecho a la protesta pacífica sin interferencias externas.

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