Cada vez es más común verlos desplazándose entre las vialidades, el tráfico y las ciclovías de la ciudad; los scooters o patinetes eléctricos se han convertido en una opción cotidiana para estudiantes, repartidores y trabajadores que buscan evitar el congestionamiento y reducir gastos en transporte.
Silenciosos, compactos y sin emisiones durante su uso, estos vehículos han ganado terreno como alternativa de movilidad urbana; sin embargo, su rápida proliferación también ha encendido alertas por los riesgos que representan en un entorno con regulación parcial y escasa fiscalización.
En Puebla, los scooters eléctricos sí están contemplados en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, actualizada en 2025, aunque sin un apartado específico. De acuerdo con el Artículo 8, fracción LXIX, se consideran vehículos no motorizados siempre que no superen los 25 kilómetros por hora.
El Reglamento, publicado en septiembre de 2025, refuerza esta clasificación para unidades de baja potencia, con peso menor a 35 kilogramos y velocidad limitada, esto implica que no requieren licencia, placas ni tarjeta de circulación, y tampoco es obligatorio el uso de casco en modelos que no rebasen ese límite.
No obstante, si superan los 25 km/h, se aplican restricciones más estrictas, como la prohibición de circular en vías primarias sin infraestructura segura.
A nivel municipal, el Reglamento de Tránsito establece que, en espacios compartidos, los usuarios deben adaptar su velocidad a la del peatón y evitar ponerlo en riesgo, pero, pese a ello, no existen aún multas específicas ni un sistema de control efectivo.
La normativa indica que los scooters deben transitar preferentemente por ciclovías o por el carril derecho de las vialidades; está prohibido su uso en banquetas, zonas peatonales y camellones.
En la práctica, sin embargo, es frecuente ver a usuarios invadiendo espacios peatonales o circulando a mayor velocidad de la permitida, lo que ha generado quejas ciudadanas y reportes de accidentes.
Asimismo, el atractivo de estos vehículos también radica en su bajo costo. En el mercado mexicano, los modelos básicos van de los 7,900 a los 19,900 pesos, mientras que versiones más potentes superan los 20,000 pesos.
Su autonomía oscila entre 20 y 50 kilómetros por carga, con un costo de electricidad menor a 5 pesos; frente a opciones como motocicletas de gasolina o servicios de transporte privado, pueden representar ahorros de hasta 80 o 90 % en traslados diarios.
Entre sus principales beneficios destacan la reducción de emisiones, menor congestión vial y facilidad de uso en trayectos cortos; no obstante, también presentan desventajas importantes.
La falta de casco obligatorio en la mayoría de los casos, la limitada infraestructura ciclista y la vulnerabilidad de los usuarios ante vehículos motorizados elevan el riesgo de accidentes, a esto se suma el impacto ambiental por el desecho de baterías de litio al final de su vida útil.
Especialistas en movilidad coinciden en que los scooters representan una opción sustentable, pero advierten que es urgente fortalecer la educación vial, ampliar la infraestructura y establecer reglas más claras.
