Basta con recorrer las calles de la capital para notar que el precio de la gasolina varía entre una estación y otra, generando molestia entre los automovilistas; sin embargo, este panorama responde más a la lógica del mercado.
Desde la liberalización del precio de los combustibles en 2017, tras la Reforma Energética, el costo dejó de ser fijado por el gobierno federal y pasó a depender de cada permisionario; esto abrió la puerta a la competencia entre marcas como Pemex, Shell, BP o estaciones independientes, donde cada una establece su precio con base en sus costos y estrategias comerciales.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) exige reportar diariamente los precios, pero no los regula, mientras que la Profeco se limita a verificar que se exhiban correctamente y no haya abusos al consumidor.
El precio final de la gasolina se compone de cuatro factores principales: el costo internacional del petróleo, los impuestos (IEPS e IVA), el margen de ganancia de la estación y los costos logísticos. De estos, los dos últimos son los que más influyen en las diferencias entre gasolineras; según la Profeco, el margen puede ir de poco más de un peso hasta más de cinco por litro, dependiendo de la ubicación, la competencia cercana y los servicios adicionales que ofrece cada estación.
En Puebla, la competencia juega un papel clave. Estudios del Banco de México indican que a mayor número de gasolineras en una zona, menor es el precio, ya que los empresarios reducen sus márgenes para atraer clientes. Sin embargo, en áreas con menor oferta o mayores costos de transporte, los precios tienden a elevarse.
Factores como la cercanía a terminales de almacenamiento, el costo del terreno, la nómina y el mantenimiento también impactan directamente en el precio al consumidor.
Aunque el gobierno federal renovó en marzo de 2026 un acuerdo con el 96 % de las estaciones para mantener la Magna por debajo de 24 pesos, este pacto es voluntario, porque en la práctica estaciones en Puebla han reportado precios de hasta 25.54 pesos por litro, mientras que la Premium y el diésel alcanzan niveles de entre 27 y 29 pesos.
El aumento internacional del crudo, impulsado por tensiones geopolíticas, así como costos logísticos locales, explican en parte este desfase respecto al acuerdo.
Y está dinámica parece no importarle a la autoridad, pues aunque obedece a un cambio de modelo, no hay un interés por resolverlo. Desde la liberalización del mercado, el papel del gobierno se ha centrado en monitorear, transparentar información y aplicar estímulos fiscales, más que en intervenir de forma directa en lo que paga el consumidor.
Sin embargo, para muchos ciudadanos esto resulta insuficiente, especialmente cuando las diferencias entre estaciones superan los dos pesos por litro sin una explicación visible a simple vista.
En la práctica, no hay una estrategia orientada a reducir estas brechas de precio, sino a mantener condiciones de competencia bajo la lógica de mercado. Esto implica que, salvo en casos de irregularidades como colusión o venta de combustible ilegal, las autoridades no actúan para homogeneizar costos.
Así, la percepción de desinterés persiste, ya que el problema no se “corrige”, sino que se asume como parte del funcionamiento “normal” del sector energético en su etapa liberalizada.
