En un veredicto sin precedentes, un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró a Meta y a Google responsables de haber diseñado plataformas con características adictivas que perjudicaron gravemente la salud mental de una usuaria.
La demandante, identificada como Kayle, de 20 años y originaria de Chico, California, argumentó que su exposición comenzó a una edad temprana y el uso prolongado derivó en depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y conductas de autolesión.
Por ello, el jurado determinó que ambas empresas actuaron con negligencia al implementar funciones como el scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones constantes sin advertencias suficientes sobre sus riesgos, especialmente en menores de edad.
Más allá del impacto legal, el caso reabre el debate sobre el uso de redes sociales y sus efectos en la salud mental, y es que aunque millones de personas utilizan estas plataformas sin consecuencias graves, especialistas advierten que el problema surge cuando el uso genera un deterioro significativo en la vida cotidiana.
Si bien la adicción a redes sociales no está reconocida formalmente como trastorno en el DSM-5, se evalúa con criterios similares a otros comportamientos adictivos, como el trastorno por juego en internet.
Entre las principales señales de alerta se encuentran la preocupación constante por las redes; síntomas de abstinencia como irritabilidad y ansiedad al no poder acceder; necesidad de pasar más tiempo para sentir satisfacción; incapacidad para controlar o reducir el uso; pérdida de interés en otras actividades; uso continuado a pesar de problemas evidentes; engaño a otros sobre el tiempo dedicado; uso para escapar de emociones negativas y deterioro en relaciones, trabajo, estudios o vida social.
Más que el número de horas, lo determinante es el impacto negativo en la vida personal, académica o laboral.
Especialistas coinciden en que el problema es tratable mediante terapia cognitivo-conductual, establecimiento de límites digitales, fortalecimiento de hábitos saludables y, en casos más graves, intervención profesional. En el caso de menores, el acompañamiento familiar y el monitoreo del uso resultan clave.
El fallo no solo sienta un precedente legal, sino que también impulsa una reflexión social más amplia: mientras las plataformas compiten por captar la atención de los usuarios, crece la exigencia de asumir responsabilidades sobre sus efectos. La discusión, ahora, no solo está en los tribunales, sino en la vida cotidiana de millones de personas.
