En cuestión de días, el respaldo abierto de Morena hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se transformó en un silencio que hoy marca distancia.
Lo que antes eran consignas públicas como “¡No estás solo!” y “Rocha amigo, Sinaloa está contigo”, ha dado paso a una cautela evidente en las cúpulas del partido y del gobierno federal.
El cambio ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en una corte de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Las acusaciones incluyen presunta conspiración para el narcotráfico, vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”, así como delitos relacionados con armas y protección a cambio de sobornos y respaldo político.
Frente a ello, Rocha Moya rechazó los señalamientos, calificándolos como “falsos” y como un “ataque a la Cuarta Transformación”, aseguró tener “la conciencia tranquila” y sostuvo haber dialogado con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Posteriormente, solicitó licencia temporal al cargo, que fue aprobada inmediatamente por el Congreso de Sinaloa, con el argumento de facilitar las investigaciones.
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que, hasta ahora, no existen elementos suficientes para proceder con una detención inmediata o una extradición automática, aunque solicitará más información a las autoridades estadounidenses.
Pero el contraste con meses, semanas y días anteriores es evidente, durante 2024 y a inicios de 2026, legisladores y militantes de Morena defendían públicamente al mandatario sinaloense ante críticas por inseguridad en el estado.
En la Cámara de Diputados incluso se escucharon consignas de apoyo en su favor; sin embargo, tras las acusaciones formales desde Estados Unidos, el tono cambió.
En el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, intentos aislados de delegados sinaloenses por corear su nombre no encontraron eco. La dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, evitó el tema en discursos y posicionamientos.
El silencio también se ha extendido a otros frentes, no hubo desplegados de respaldo por parte de gobernadores, figuras relevantes del partido han evitado pronunciarse y desde Palacio Nacional se ha mantenido un perfil bajo en torno al caso.
Analistas coinciden en que el viraje responde a un cálculo político más que a una ruptura explícita. La gravedad de las acusaciones, provenientes de una corte federal estadounidense y vinculadas directamente con el narcotráfico, eleva el riesgo de un respaldo incondicional.
A esto se suma el contexto interno, con una nueva dirigencia en Morena y un gobierno federal en proceso de consolidación, el costo de asumir una defensa abierta podría impactar la imagen del movimiento si surgen nuevas evidencias.
La licencia solicitada por Rocha Moya también abre una vía intermedia, ya que permite al partido tomar distancia sin romper formalmente, mientras se desarrollan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
Mientras tanto, el mandatario con licencia insiste en su “inocencia” y asegura que continuará en la vida pública; en contraste, voces de la oposición han exigido acciones más contundentes, incluyendo el desafuero y una investigación a fondo.
El caso no sólo pone a prueba la solidez de las instituciones mexicanas frente a acusaciones internacionales, sino también la cohesión interna de Morena ante uno de los señalamientos más delicados contra un gobernador en funciones.
El tránsito del respaldo público al silencio estratégico refleja, más que un cambio de postura ideológica, una señal de cautela: cuando el costo político aumenta, la solidaridad deja de ser automática.
Falta por ver si las investigaciones confirmarán las acusaciones o permitirán revertir un distanciamiento que, por ahora, parece calculado.
