¿Impuesto a los alimentos? Mexicanos pagarían el costo de los derroches gubernamentales

La Cuarta Transformación prepara un nuevo frente fiscal que podría llegar directamente a la mesa de las familias mexicanas: gravar con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alimentos procesados con exceso de sodio, entre ellos algunas sopas instantáneas tipo Maruchan, salsas, aderezos y embutidos, además de analizar un aumento al impuesto de la cerveza a partir de 2027.

La propuesta todavía no es una decisión definitiva, el Paquete Económico 2027 será entregado por el Ejecutivo federal el próximo 8 de septiembre, pero el planteamiento ya abrió un debate incluso dentro de Morena.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló que se analiza establecer un gravamen para productos que actualmente cuentan con el sello de “exceso de sodio” y que no pagan IEPS por ese concepto.

De acuerdo con las estimaciones expuestas por legisladores, un impuesto a los alimentos con exceso de sodio podría generar alrededor de 12,000 millones de pesos anuales, mientras que un incremento a la cerveza aportaría entre 6,500 y 7,000 millones de pesos adicionales; es decir, en conjunto, la recaudación podría acercarse a los 18,500 millones de pesos.

La posibilidad de que la sopa instantánea, cuyo precio ronda actualmente entre 13.50 y 20 pesos, termine pagando un impuesto adicional provocó preocupación entre consumidores. El argumento oficial sería de salud pública y buscaría desincentivar el consumo de productos ultraprocesados; sin embargo, el efecto inmediato sería un incremento en el precio de alimentos que forman parte del consumo cotidiano de millones de mexicanos.

Incluso dentro de Morena apareció una señal de cautela. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, pidió revisar cuidadosamente el impacto de cualquier modificación fiscal y advirtió que debe considerarse lo que estas medidas representarían para el bolsillo de las familias.

Pero más allá de la discusión sobre si gravar la comida chatarra puede mejorar los hábitos alimenticios, el debate exhibe una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas, y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿por qué el Gobierno necesita buscar recursos adicionales en productos de consumo popular?

Una parte de la respuesta está en el enorme costo de los proyectos emblemáticos de la 4T, las principales obras impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, varias de ellas continuadas por la actual administración, acumulan inversiones superiores a 1.05 billones de pesos.

El Tren Maya es uno de los ejemplos más visibles, su costo pasó de estimaciones iniciales de entre 150,000 y 197,000 millones de pesos a más de 500,000 millones, mientras continúa requiriendo fuertes subsidios para su operación. En 2025 reportó pérdidas cercanas a 3,649 millones de pesos, equivalentes a casi 10 millones de pesos diarios, y durante el primer semestre de 2026 las pérdidas ya habrían superado los 5,000 millones de pesos.

La Refinería Olmeca, en Dos Bocas, también multiplicó su costo; el proyecto fue presentado originalmente con una inversión cercana a 8,000 millones de dólares, pero el monto ha superado los 20,000 millones de dólares, equivalentes a más de 350,000 millones de pesos.

Además, su operación ha estado por debajo de la capacidad anunciada de 340,000 barriles diarios; en junio de 2026 llegó a alrededor de 141,000 barriles diarios, aproximadamente 41% de su capacidad nominal.

A estos proyectos se suman el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con una inversión cercana a 120,000 millones de pesos; el Corredor Interoceánico, cuyo costo pasó de alrededor de 20,000 millones a 62,000 millones de pesos; Mexicana de Aviación, con recursos estimados en 37, 800 millones; la Megafarmacia de Huehuetoca, con alrededor de 17,643 millones, y Gas Bienestar, con una inversión aproximada de 10,000 millones de pesos.

El problema no termina en el dinero utilizado para construir estas obras; varias requieren subsidios para mantenerse funcionando, lo que significa que el gasto público continúa después de inauguradas.

El costo de oportunidad también pesa: recursos destinados a proyectos de rentabilidad cuestionada pudieron utilizarse para fortalecer hospitales, escuelas, carreteras, policías o infraestructura hidráulica.

A la presión generada por las obras se suma el crecimiento de los programas de transferencias directas; la Pensión para Adultos Mayores se ha convertido en uno de los mayores componentes del gasto social, con presupuestos anuales superiores a 465,000 millones de pesos en años recientes y proyecciones todavía mayores.

En conjunto, las pensiones contributivas y no contributivas representan ya más de 2.3 billones de pesos proyectados para 2026, equivalentes a más de una quinta parte del presupuesto federal. Se trata de un gasto social que beneficia directamente a millones de personas, pero que también se ha convertido en un componente cada vez más rígido de las finanzas públicas.

El resultado es una combinación difícil: obras costosas que requieren recursos adicionales, programas sociales que demandan presupuestos crecientes, servicio de la deuda y un margen cada vez menor para recortar gasto sin pagar un alto costo político.

Ante ese escenario, la salida más sencilla parece ser buscar nuevos ingresos; y gravar productos que millones de mexicanos compran todos los días puede convertirse en una fuente relativamente fácil de recaudación.

El problema es que un impuesto al consumo termina afectando proporcionalmente más a quienes tienen menos ingresos. Para una familia de bajos recursos, aumentar algunos pesos el precio de la comida, las bebidas o productos básicos representa una carga mucho mayor que para un hogar con ingresos elevados.