A partir del 3 de noviembre, las escuelas primarias y secundarias de México restringirán el uso de teléfonos celulares y tabletas durante toda la jornada escolar, incluido el recreo.
Los estudiantes podrán llevar estos dispositivos, pero deberán mantenerlos guardados y sólo podrán utilizarlos en casos de emergencia o cuando haya una actividad pedagógica autorizada por el plantel.
La medida responde a una preocupación que desde hace varios años ha crecido entre autoridades, docentes y familias: el impacto que tiene el uso excesivo de pantallas en la atención, la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Reportes educativos y estudios internacionales han relacionado el uso no regulado de los teléfonos con mayores distracciones y dificultades para mantener la concentración durante las clases.
Pero el debate no necesariamente termina en la conclusión de que los celulares son malos para las escuelas, utilizados bajo supervisión y con un objetivo definido, también pueden convertirse en herramientas educativas.
Un teléfono permite consultar información, utilizar diccionarios y traductores, acceder a videos, responder cuestionarios, llevar a cabo ejercicios interactivos o participar en proyectos multimedia; además, su uso puede contribuir al desarrollo de habilidades digitales.
Aprender a buscar información, distinguir fuentes confiables, utilizar aplicaciones de manera responsable y comprender los riesgos de internet forma parte de las capacidades que los estudiantes necesitan en una sociedad cada vez más digitalizada.
Otro argumento a favor de que los alumnos puedan portar un celular es la comunicación con sus padres o tutores en una emergencia, ante un problema de salud o un cambio extraordinario en la salida escolar, contar con un dispositivo puede facilitar el contacto.
Sin embargo, este beneficio no necesariamente implica que el teléfono tenga que permanecer disponible durante toda la jornada y ahí está precisamente la diferencia que plantea la nueva regulación: no se prohíbe que los estudiantes lleven el dispositivo, sino que se limita su uso cotidiano y recreativo. Las escuelas podrán autorizarlo cuando exista una finalidad pedagógica concreta y deberán permitirlo en situaciones de emergencia.
La experiencia de otros países también ha alimentado la discusión: investigaciones hechas en Noruega, España e Inglaterra han encontrado asociaciones entre restricciones al uso de celulares y mejoras en determinados indicadores académicos y de convivencia.
También hay estudios que advierten que los beneficios educativos de estos dispositivos dependen en buena medida de cómo y para qué se utilizan.
El problema, por tanto, no parece ser únicamente la existencia del celular, sino el acceso permanente a él; una notificación, un mensaje, un videojuego o una red social pueden competir directamente con la atención que requiere una clase.
Incluso, durante el recreo, el uso constante de las pantallas puede desplazar otras formas de convivencia entre los estudiantes.
La restricción mexicana busca colocar un límite precisamente en ese punto, la tecnología puede entrar al aula cuando tenga una función educativa, pero no necesariamente tiene que estar presente todo el tiempo.
El reto estará ahora en la aplicación de la medida, las escuelas necesitarán reglas claras, criterios comunes para las excepciones y comunicación con las familias. También será importante que los docentes cuenten con alternativas para aprovechar la tecnología cuando realmente aporte al aprendizaje.
El celular, entonces, no tiene por qué ser visto solamente como enemigo o como herramienta educativa, puede cumplir ambas funciones, la diferencia está en quién lo controla, para qué se utiliza y durante cuánto tiempo.
