La transición hacia los pagos digitales en México abre la puerta a un sistema más seguro, trazable y eficiente, pero también plantea una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara: ¿qué ocurrirá con quienes no tienen una cuenta bancaria, tarjeta, teléfono inteligente o acceso estable a internet?
La llamada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum dentro del Paquete Económico 2027, busca reducir gradualmente el uso de efectivo y promover herramientas como transferencias electrónicas, códigos QR, CoDi, SPEI, NFC y tarjetas.
Aunque la reforma no establece que todos los mexicanos deban abrir obligatoriamente una cuenta bancaria, sí abre la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda determine sectores estratégicos y actividades relevantes donde los medios de pago digitales puedan convertirse en la única forma aceptada.
Entre los sectores que han sido señalados se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, actividades de uso cotidiano donde una eliminación acelerada del efectivo podría tener consecuencias importantes para millones de personas, que hoy la 4T llama “el pueblo bueno y sabio”
México todavía depende ampliamente del dinero en efectivo, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 señala que 85.2 % de las personas de entre 18 y 70 años utilizó efectivo como medio frecuente para llevar a cabo compras de hasta 500 pesos.
Si bien el país ha avanzado en inclusión financiera, todavía existe una población que permanece fuera del sistema bancario o tiene un acceso limitado a sus servicios; el problema se concentra especialmente entre personas de bajos ingresos, trabajadores informales, adultos mayores y habitantes de comunidades rurales.
A esta realidad se suma la brecha digital, la ENDUTIH 2025 reporta que 86.1 % de la población de seis años o más utilizó internet y 84.6 % empleó un teléfono celular; sin embargo, esos promedios nacionales esconden diferencias importantes entre zonas urbanas y rurales, edades, niveles educativos e ingresos.
Tener un teléfono celular tampoco significa necesariamente contar con las condiciones para efectuar pagos digitales; un usuario puede disponer de un equipo básico, carecer de datos móviles, vivir en una comunidad con señal intermitente o simplemente no tener los conocimientos necesarios para utilizar una aplicación bancaria.
El riesgo aparece cuando una herramienta que hoy representa una alternativa se convierte en la única posibilidad para acceder a un servicio.
Una persona que llega a una gasolinera sin tarjeta, sin aplicación bancaria y con dinero en efectivo podría encontrarse impedida para cargar combustible; en una carretera de cuota, un conductor sin medios digitales podría enfrentar un problema similar para continuar su recorrido.
El escenario puede ser todavía más complejo ante una falla eléctrica, una interrupción de internet, problemas en los sistemas bancarios o la caída de una plataforma de pagos.
La propuesta contempla excepciones ante situaciones de contingencia, precisamente para permitir temporalmente el uso de efectivo o cheque cuando existan fallas de conectividad, energía o sistemas bancarios; sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de cómo se establezcan las reglas y de que realmente puedan aplicarse en los puntos de servicio.
El gobierno sostiene que la digitalización permitirá combatir operaciones ilícitas, mejorar la trazabilidad del dinero, reducir riesgos de robo, agilizar transacciones y avanzar en la formalización de la economía.
El problema no está necesariamente en digitalizar, sino en hacerlo antes de garantizar que todos tengan acceso a las herramientas necesarias.
Por ello, la discusión de fondo no debería limitarse a si México debe utilizar menos efectivo, sino a cómo garantizar que la transición no termine convirtiéndose en una nueva forma de exclusión económica.
