Hace poco se dio a conocer la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde se reveló que la tasa global de natalidad cayó a 1.2 hijos por mujer en 2024, frente a 1.9 en 2019. En primer lugar, el análisis sobre dicha información se centró en las razones por las cuales las mujeres están optando por retrasar la maternidad o de plano, negarse a ella, independientemente de que se encuentren en pareja o no. Sin embargo, algo que llamó mucho mi atención fue una nota publicada la semana pasada en el periódico La Jornada, firmada por Clara Zepeda, donde pone sobre la mesa una realidad inevitable compartida por especialistas financieros: nos estamos quedando sin jóvenes que sostengan el sistema de retiro.
Datos del INEGI demuestran que las tasas de natalidad se han desplomado en la última década, pasando de 74.2 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil en 2014 a tan solo 52.2 en registros recientes. Al haber menos nacimientos y mayor longevidad, la base de aportadores disminuye, mientras el número de adultos mayores que requieren una jubilación no deja de crecer.
De estar por encima de Estados Unidos y Francia, ahora México está al mismo nivel de Grecia e Italia.
El futuro económico de México se enfrenta a una silenciosa bomba de tiempo que combina dos fenómenos alarmantes: la drástica caída en los nacimientos y un mercado laboral dominado por la informalidad.
Esta transformación de la población impacta de lleno en las finanzas públicas del país, creando una presión fiscal que pronto será insostenible. Según reportes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto total destinado al pago de pensiones alcanzará la histórica cifra de 2.5 billones de pesos. Esta enorme cantidad de dinero representa el 6.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y ya absorbe una tercera parte de todo el presupuesto federal. El gran dilema que enfrentamos no radica en si estos apoyos sociales son necesarios —pues garantizan una vejez digna—, sino en el mecanismo real que usará el Estado para financiarlos en un entorno donde hay cada vez menos trabajadores formales aportando al fondo común.
El panorama se vuelve todavía más complejo si consideramos que más del 56% de las personas ocupadas en México labora en la informalidad, de acuerdo con datos de ocupación laboral. Esto significa que más de la mitad de la población trabajadora no realiza aportaciones constantes a una cuenta de ahorro para el retiro (Afore) ni cotiza activamente en los institutos de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE. Al carecer de un flujo constante de recaudación a causa del empleo informal, el gasto para pensiones termina “canibalizando” los recursos públicos. Esto reduciría drásticamente el presupuesto disponible para otros sectores de vital importancia ciudadana, tales como la salud, la educación pública y la infraestructura del país.
Para hacer frente a esta crisis y mejorar las condiciones de retiro de la llamada "Generación Afore", se implementó una reforma legislativa a la Ley del Seguro Social y a la Ley del SAR cuyos efectos se observarán ya con fuerza en el corto plazo. El cambio más inmediato y visible para los trabajadores es la reducción del requisito de semanas cotizadas para acceder a una pensión mínima bajo el régimen de la llamada Ley de 1997. El límite anterior de 1,250 semanas se redujo de golpe a 750 semanas en el año 2021, y desde entonces aumenta gradualmente a un ritmo de 25 semanas por año. Con este esquema, durante este año 2026 se exigen exactamente 875 semanas cotizadas para tramitar la jubilación por vejez o cesantía, una meta mucho más accesible para quienes intercalan periodos de empleo formal e informal.
No obstante, esta reforma también implica un costo significativo en el corto plazo para el sector privado a través del incremento gradual de las aportaciones patronales. La legislación estableció que la cuota que pagan las empresas por concepto de cesantía y vejez debe subir año con año de manera progresiva hasta alcanzar un tope del 11.87 por ciento del salario base en el año 2030. Para este ciclo fiscal de 2026, la aportación obligatoria del patrón ya se ubica en el 7.51 por ciento. Si bien esto eleva directamente el monto final que los trabajadores guardan en sus cuentas individuales, genera una pesada carga financiera inmediata para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual podría incentivar, paradójicamente, el refugio en la misma informalidad laboral que se busca combatir.
En conclusión, México se encuentra atrapado en una encrucijada donde las cifras demográficas chocan de frente con las promesas sociales. Flexibilizar las semanas de cotización y aumentar las aportaciones de los patrones son pasos valiosos para rescatar el retiro de los trabajadores actuales, pero resultan insuficientes ante un país que envejece a pasos agigantados. Si no se acompaña esta reforma de una estrategia determinante para formalizar el empleo y de una reestructuración fiscal profunda, el sistema de pensiones terminará por asfixiar la economía nacional, dejándonos con un presupuesto comprometido y menos jóvenes para mover el motor productivo de México.
¡Vamos a hacerlo diferente!
