La nueva reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión encendió las alertas en la industria automotriz mexicana; en conversación con el gerente de una agencia automotriz, se expuso la preocupación que hay entre las distribuidoras por las posibles afectaciones a sus operaciones, la conservación de empleos y las condiciones comerciales para los consumidores a partir de 2027.
El cambio a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que establece límites a las deducciones fiscales de empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, podría representar una mayor carga tributaria para las distribuidoras, debido a que su modelo de negocio depende de comercializar grandes volúmenes de vehículos con márgenes de utilidad reducidos.
La preocupación no es menor, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que esta disposición podría poner en riesgo hasta 1,000 agencias automotrices en el país, equivalentes aproximadamente al 30 % de los establecimientos, así como alrededor de 70,000 empleos.
Durante la plática con Imagen Poblana, el gerente explicó que las agencias enfrentan gastos importantes por concepto de nómina, instalaciones, publicidad, financiamiento de inventarios, mantenimiento, servicios, entre otros; por ello, consideró que limitar la deducibilidad de determinados gastos podría provocar que las empresas terminen pagando impuestos sobre utilidades fiscales superiores a las ganancias que realmente obtienen.
Explicó que el negocio automotor no necesariamente representa ganancias extraordinarias, pese a que las operaciones involucran cantidades importantes de dinero; afirmó que una distribuidora puede comercializar vehículos por millones de pesos, pero sus márgenes de utilidad generalmente se encuentran entre 1 y 3 %.
Al preguntarle sobre las posibles consecuencias para los trabajadores, reconoció que hay preocupación, pues un incremento en las obligaciones fiscales obligaría a las empresas a revisar sus gastos y buscar alternativas para mantener su rentabilidad.
Aunque inicialmente buscarían mejorar la eficiencia operativa, advirtió que, si la presión económica se mantiene, podrían reconsiderarse nuevas contrataciones, inversiones e incluso la permanencia de algunas sucursales.
Respecto a los consumidores, el gerente afirmó que no necesariamente habrá un incremento inmediato en los precios de los automóviles; sin embargo, reconoció que las agencias tendrían que evaluar sus estrategias comerciales, y esto podría reflejarse en menos promociones, modificaciones en las condiciones de compra o ajustes en determinados servicios.
También hay preocupación por las áreas de mantenimiento, refacciones y atención posventa, debido a que forman parte de la estructura de ingresos y gastos de las distribuidoras; una reducción de recursos podría repercutir en la calidad y disponibilidad de algunos servicios.
El gerente aclaró que, por el momento, las agencias continúan trabajando con normalidad y no hay una decisión generalizada de incrementar los precios o eliminar promociones; sin embargo, consideró necesario que las autoridades revisen las condiciones particulares del sector para evitar que una disposición fiscal termine afectando a empresas formalmente establecidas.
La modificación fiscal también generó inconformidad porque durante su discusión legislativa se incorporaron excepciones para determinadas empresas de la industria automotriz terminal y gasolineras, pero las agencias distribuidoras quedaron fuera de esos beneficios.
La AMDA ha advertido que el problema no consiste en evitar el pago de impuestos, sino en reconocer los gastos reales que implica mantener una distribuidora en funcionamiento; el organismo sostiene que una medida diseñada para combatir la evasión fiscal podría terminar golpeando a negocios que generan empleos y contribuyen a la economía nacional.
De esta manera, mientras se aproxima la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en 2027, el sector automotriz permanece atento a posibles ajustes; la preocupación no solamente está en cuánto más tendrán que pagar las empresas, sino en cuántos empleos podrán conservar, cuántas agencias lograrán mantenerse abiertas y si los compradores terminarán absorbiendo parte del impacto económico de la reforma.
