La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas, vinculados con una red de empresas proveedoras de materiales electorales, se remontan a su paso por la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La mandataria sostuvo que las relaciones institucionales de estos empresarios preceden a las contrataciones recientemente cuestionadas en el Instituto Nacional Electoral (INE).
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó en la conferencia matutina del 5 de noviembre de 2026 una investigación elaborada con fuentes abiertas que identifica a José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas como antiguos servidores públicos. Ambos comenzaron su trayectoria en el Registro Nacional de Población (Renapo) durante la década de 1980 y posteriormente trabajaron en el Cisen.
Según la investigación, José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, funcionario que ocupó cargos directivos en Renapo y posteriormente en el Cisen. Raimundo Hernández Casillas también se incorporó a este último organismo, en el área de investigaciones.
Después de su salida del servicio público, los hermanos constituyeron empresas dedicadas al suministro de materiales electorales. En 1999, mediante Cartonera Plástica, comenzaron a participar en contrataciones con autoridades electorales del Estado de México.
Uno de los antecedentes destacados ocurrió en 2005, cuando una controversia relacionada con un contrato de los empresarios en el Instituto Electoral del Estado de México derivó, de acuerdo con Buenrostro, en la renuncia de siete consejeros electorales.
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— Imagen Poblana (@ImagenPoblana) November 5, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum acusa que una red empresarial vinculada con organismos electorales ha obtenido contratos por miles de millones de pesos durante varios años, incluso antes de la llegada de Guadalupe Taddei. pic.twitter.com/UK7sN0kVmE
La investigación también reconstruyó la trayectoria posterior de Padilla Aguilar, quien ocupó distintos cargos en el Estado de México y regresó al gobierno federal en 2017. Buenrostro señaló que actualmente coincide en el partido Somos con antiguos funcionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano, y Edmundo Jacobo Molina.
Sheinbaum utilizó estas conexiones para cuestionar el origen político e institucional de los contratistas. Su señalamiento se extendió a la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE, ese consejo designó a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora en octubre de 2014. La mandataria recordó este nombramiento para rechazar que los antecedentes de la red empresarial puedan atribuirse exclusivamente a la posterior llegada de Taddei a la presidencia del instituto nacional.
Entre 2014 y 2023, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos electorales en al menos 23 entidades federativas por más de dos mil millones de pesos, según las cifras presentadas por Buenrostro. La red continuó contratando entre 2024 y 2025, cuando acumuló 646 millones de pesos en 15 entidades.
La funcionaria explicó que varias empresas vinculadas entre sí participaban en los mismos procedimientos de contratación, presuntamente simulando competencia mediante ofertas coordinadas. También identificó relaciones familiares y societarias entre los participantes.
A partir de estos antecedentes, Sheinbaum cuestionó por qué las autoridades electorales anteriores no establecieron lineamientos capaces de impedir la concentración de contratos. Dirigió particularmente sus críticas a Córdova, aunque reconoció que las contrataciones correspondían a organismos electorales estatales.
Respecto de Guadalupe Taddei, la presidenta sostuvo que cualquier posible conducta ilegal debe ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, cuando corresponda, por la Fiscalía General de la República (FGR). Insistió en que la red de proveedores tenía una trayectoria anterior a su llegada al INE.
El gobierno también planteó la necesidad de transparentar las contrataciones de materiales electorales y establecer reglas más claras antes de las elecciones de 2027. Entre las medidas anunciadas figura un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México y ampliar su participación en la producción estatal de materiales electorales.
