La sentencia de 11 años y tres meses de prisión contra Uriel N., ex policía municipal de Puebla, por el delito de tortura, vuelve a poner en evidencia la participación de elementos de seguridad en hechos criminales.
El abuso de autoridad encabeza las carpetas de investigación contra servidores públicos, mientras que durante 2026 se han registrado detenciones de policías y mandos señalados por presuntos nexos con grupos delictivos, homicidios y actos de corrupción.
El caso de Uriel N. corresponde a hechos ocurridos el 1 de octubre de 2018, cuando, junto con otro elemento, interceptó a un ciudadano y lo trasladó a un lugar aislado, donde lo golpearon, asfixiaron con una bolsa de plástico y le aplicaron descargas eléctricas para obtener información sobre presuntos robos, además, intentaron incriminarlo con un arma y narcóticos.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 753 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos en Puebla, de estas, 499 correspondieron a abuso de autoridad, equivalente a aproximadamente 66 % del total.
El segundo lugar lo ocuparon los delitos contra la procuración y administración de justicia, con 172 investigaciones; después aparecieron ejercicio indebido o abandono de funciones, con 53; peculado, con 20, y uso ilícito de atribuciones, con cuatro.
Entre las conductas que pueden configurar abuso de autoridad se encuentran las detenciones arbitrarias, agresiones injustificadas, exceso en el uso de la fuerza y revisiones ilegales, también existen investigaciones por tortura, falsedad en informes policiales, robo y vínculos con organizaciones criminales.
La problemática también se refleja en las corporaciones de seguridad de Puebla capital; entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) “investigó” a 271 elementos por irregularidades, actos de corrupción, abuso de autoridad y faltas disciplinarias.
Como resultado de estos procedimientos, 120 fueron separados de sus cargos y 30 suspendidos hasta por 90 días.
A estas cifras se suman las detenciones de al menos 12 policías y expolicías documentadas durante 2025 en la capital poblana, por vínculos con bandas delictivas, robo a casa habitación, posesión de armas y drogas, entre otros delitos.
Sin embargo, no hay un registro público consolidado que permita establecer cuántos elementos fueron detenidos, vinculados a proceso y sentenciados en todo el estado durante el último año.
Uno de los casos más graves de 2026 fue la detención de siete policías y funcionarios de la SSC de Puebla capital, señalados por sus vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora y una estructura interna denominada La Cofradía.
Las investigaciones los relacionan con el asesinato de dos policías municipales ocurrido el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle, luego de que supuestamente se negaran a colaborar con actividades ilícitas.
La infiltración criminal también alcanzó corporaciones del interior del estado. Durante julio y agosto de 2026 se reportaron detenciones de secretarios de Seguridad Pública y mandos municipales de localidades como Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Atlixco, entre otras.
Las acusaciones incluyen protección a actividades de narcotráfico, cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de sus funciones; en algunos casos, las investigaciones apuntan a la tolerancia y protección de lugares utilizados para la producción de drogas sintéticas.
El panorama exhibe una contradicción en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad: mientras los ciudadanos depositan en los policías la responsabilidad de proteger su integridad y patrimonio, algunos elementos terminan señalados por cometer abusos, colaborar con grupos criminales o incluso participar en agresiones contra sus propios compañeros.
Aunque las autoridades estatales y municipales han anunciado medidas de depuración, controles de confianza y operativos coordinados para combatir la corrupción, los casos registrados muestran que las evaluaciones no siempre impiden que elementos policiales se involucren en actividades delictivas.