Mientras los decomisos de discos compactos pirata a vendedores ambulantes solían terminar en escenas públicas donde una aplanadora destruía cientos de piezas, el destino de toneladas de mercancía china asegurada en grandes establecimientos comerciales permanece prácticamente fuera de la vista de la sociedad.
Ropa, calzado, juguetes, artículos electrónicos, cosméticos y productos que imitan marcas o que proceden de China forman parte de los decomisos llevados a cabo en tiendas, plazas comerciales y bodegas en distintas entidades del país; sin embargo, después de los operativos, pocas veces se informa qué sucede con los productos asegurados, cuánto tiempo permanecen bajo resguardo y cuál es su destino final.
A diferencia de los operativos contra comerciantes ambulantes, las intervenciones en grandes establecimientos comerciales, algunos de ellos generadores de fuentes de empleo, involucran procedimientos administrativos y legales que deben determinar si la mercancía infringe la ley.
En estos casos, una de las principales autoridades responsables es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo dependiente de la Secretaría de Economía, que puede intervenir para investigar y sancionar las infracciones relacionadas con el uso indebido de marcas y productos apócrifos.
Una vez asegurada, la mercancía debe ser identificada, inventariada y trasladada a espacios de almacenamiento, donde permanece mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente; los propietarios de los establecimientos tienen la posibilidad de presentar documentación y acreditar la procedencia legal de los artículos.
Cuando se determina que los productos infringen la legislación y la resolución queda firme, se establece su destino final, que supuestamente es la destrucción para impedir que regresen al mercado.
En estos procedimientos también pueden participar autoridades aduaneras, corporaciones de seguridad y la Fiscalía General de la República, dependiendo del origen de los productos y de si hay posibles delitos relacionados con su comercialización o ingreso al país.
No obstante, el tiempo que transcurre entre el aseguramiento y la resolución de los expedientes representa uno de los principales problemas: la mercancía puede permanecer durante meses o incluso años en bodegas, sin que haya información pública constante sobre su situación jurídica o destino definitivo.
La dimensión del problema quedó expuesta con los resultados de la llamada Operación Limpieza, mediante la cual autoridades federales llevaron a cabo decomisos millonarios en establecimientos comerciales de entidades como Sonora, Baja California, Coahuila y Ciudad de México.
Reportes sobre los resultados de 20 operativos evidenciaron que mercancía con un valor cercano a los 935 millones de pesos permanecía bajo resguardo o sin que hubiera comenzado formalmente su trámite de destino final, también se reportaron devoluciones de productos y una proporción reducida de mercancía destruida.
Esto ha alimentado las interrogantes sobre qué ocurre con los artículos después de que las autoridades anuncian los aseguramientos, particularmente cuando se trata de establecimientos de grandes dimensiones y operaciones comerciales que involucran a trabajadores, proveedores y otros sectores económicos.
El escenario contrasta con lo que ocurría hace aproximadamente dos décadas, cuando las autoridades encabezaban actos públicos para destruir productos pirata decomisados, principalmente discos compactos y casetes que se comercializaban en calles y mercados.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en abril de 2002, cuando fueron destruidos cerca de 412,000 artículos apócrifos en un terreno de Los Reyes La Paz, Estado de México; en aquella ocasión, una aplanadora pasó sobre miles de discos compactos y otros materiales, mientras algunos músicos invitados participaron en la destrucción de las piezas.
La escena se convirtió en una imagen representativa de los operativos contra la piratería de aquella época; incluso, durante 2001 se habían destruido más de 691,000 artículos asegurados por las autoridades.
Actualmente, aunque los decomisos involucran mercancías de mayor diversidad y valor económico, la destrucción dejó de ser un acto público frecuente y se convirtió en la última etapa de procedimientos administrativos y jurídicos.
La razón para no comercializar ni donar libremente estos productos es evitar que vuelvan a circular, además de proteger los derechos de las marcas y prevenir que artículos cuya calidad, autenticidad o cumplimiento de normas no están garantizados lleguen nuevamente a los consumidores.